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UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ

Polarización parece ser el nombre del juego. Apenas corrió la versión –luego de un artículo publicado en el periódico El Faro– de que el gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes intentaba negociar con las maras (pandillas) que han asolado a El Salvador, y cuya violencia se ha extendido a toda la región centroamericana e incluso más allá, las posiciones en todos los sectores se extremaron. Fundamentalistas de todo signo salieron a la palestra a condenar la medida, a pesar de que con la tregua pactada entre las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 se abatieron considerablemente los índices delictivos.

UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ

La Liro, Cesarito y El Bambam, familia de ex niños en situación de calle enrolados en la delincuencia organizada, que tiene por regla no escrita, pero no por ello incuestionada, mantener silencio, aun a costa de su vida

Polarización parece ser el nombre del juego. Apenas corrió la versión –luego de un artículo publicado en el periódico El Faro– de que el gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes intentaba negociar con las maras (pandillas) que han asolado a El Salvador, y cuya violencia se ha extendido a toda la región centroamericana e incluso más allá, las posiciones en todos los sectores se extremaron. Fundamentalistas de todo signo salieron a la palestra a condenar la medida, a pesar de que con la tregua pactada entre las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 se abatieron considerablemente los índices delictivos.

Sin embargo, hay varios factores que obstaculizan el proceso: en El Salvador hay una sociedad profundamente agraviada por la delincuencia y no resulta sencillo que acepte sin más una negociación; en ámbitos periodísticos y académicos persisten dudas razonables acerca del rumbo de este diálogo, además, en los giros delincuenciales se mueve una enorme cantidad de recursos económicos y los beneficiarios de éstos no abandonarán fácilmente sus ganancias.

En un principio fue el gabacho

Las maras surgieron en Estados Unidos, sus integrantes originales eran salvadoreños que habían huido de la guerra civil en su país en los años 80 del siglo pasado. Los migrantes que no pudieron o no quisieron adaptarse a las normas de vida estadunidense, se agruparon para resolver los problemas que enfrentaban cotidianamente: violencia, marginación, discriminación, es decir, nada que les fuera ajeno.

Para los centroamericanos conseguir empleo era prácticamente imposible, debido a que la mayoría no hablaba inglés y cuando encontraban trabajo, las pandillas de afroestadunidenses, puertorriqueños y mexicanos, más consolidadas, los asaltaban. Así que empezaron a agruparse para generar mecanismos de autodefensa y a adoptar la forma de operar de las pandillas negras y borinqueñas, que eran las más cercanas a ellos culturalmente.

Una mara está integrada por varias clicas, que son grupos no mayores de 20 personas. Éstas son, generalmente, de una misma calle, cada una posee su territorio y cuando pasa a otro lo define marcando su nuevo dominio con pintas en los muros. Así se organizaron las pandillas de la calle 13 y de la calle 18, en la ciudad de Los Ángeles, California.

Al momento en que se produjeron en cascada las detenciones por problemas delincuenciales o por antecedentes penales, una gran cantidad de miembros de las maras fueron deportados. Cuando llegaron a Nicaragua, El Salvador, Guatemala o Honduras no supieron cómo reinsertarse en su sociedad de origen, así que retomaron la estructura de pandilla y comenzaron a reclutar a sus bases entre jóvenes pobres y marginados. Con este caldo de cultivo, que incluía a individuos provenientes de las filas del lumpen, profundamente resentidos y fogueados en la violencia, florecieron pandillas sumamente agresivas que se dedicaron a asesinar, extorsionar, secuestrar y traficar con drogas y personas. Sólo por aportar un dato, se calcula que en los pasados siete años las maras dieron muerte a unas 30 mil personas.

Estimaciones oficiales cifran en al menos 60 mil los jóvenes integrantes de las maras, a los que se suman 10 mil que están en prisión, algunos condenados y otros en fase procesal. Muchos de ellos ingresan a las pandillas por la falta de oportunidades de estudio y trabajo. En El Salvador, con 6.2 millones de habitantes, el desempleo afectaba a finales del año pasado a 10.7 por ciento de la población económicamente activa de 16 a 29 años, 6.1 puntos porcentuales más que los mayores de 30 años.

El peso de las maras dentro del crimen organizado ha crecido de tal modo que Estados Unidos incluyó, en octubre pasado, a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales trasnacionales, en la que también figura el cártel de Los Zetas.

Habría que apuntar, para no abonar a una visión clasista y racista del fenómeno, que esa emigración no es responsable directa y automática de los 8 mil pandilleros salvadoreños que se calcula hay en Estados Unidos, pues ellos representan sólo una ínfima parte de los casi 2 millones de sus connacionales en aquel país que son residentes, legales e ilegales, o bien ciudadanos estadunidenses por naturalización o nacimiento. Por cada 250 salvadoreños que trabajan en territorio estadunidense, sólo hay un pandillero.

Salir de Zacatrás

No habría que dejar que el escándalo de la polémica haga olvidar ciertos antecedentes, como el hecho de que el gobierno salvadoreño –el cual contra toda evidencia ha negado sistemáticamente haber pactado con las maras– inició el plan de negociación en junio de 2009, luego involucró a la Organización de Estados Americano (OEA) en 2010 y lo retomó en 2012.

Uno de los impulsores originales de la negociación entre las pandillas y el gobierno fue el periodista y documentalista hispano-francés Christian Poveda, luego de haber realizado su afamado documental La vida loca, en el que dio a conocer la vida de las pandillas desde su interior. Poveda fue cruelmente asesinado y la incógnita sobre su trágica muerte aún no se ha resuelto.

Para lograr la distensión que diera pie a una tregua entre las pandillas, se pensó en una mediación, en la que participaron el capellán del ejército, Fabio Colindres, y el ex comandante guerrillero Raúl Mijango. A raíz de este proceso se produjo el traslado, los días 8 y 9 de marzo del año anterior, de cerca de 30 líderes de la Mara Salvatrucha (al penal de Ciudad Barrios, donde están recluidos unos 2 mil 800 de sus integrantes) y de la Barrio 18 (a la cárcel de Cojutepeque, donde aproximadamente purgan condena mil de sus miembros); así pasaron del régimen de máxima seguridad hacia cárceles donde podían recibir visitas de parientes y tener contacto físico con personas del exterior, a cambio, se les pidió que ordenaran a sus secuaces frenar los homicidios y las extorsiones.

La mayoría de los trasladados tenía una década en la prisión de Zacatecoluca, también conocida como Zacatrás (en referencia a la tristemente célebre prisión de la isla de Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, ya clausurada).

Los prisioneros viven ahí un régimen severo de restricciones, en el que nunca tienen contacto físico con sus visitantes, con quienes pueden conversar sólo a través de un grueso cristal. Permanecen en sus celdas y tienen derecho únicamente a tres horas de sol a la semana. Cada vez que algún preso debe acudir a una audiencia judicial o a los servicios médicos, tiene que permanecer en un sitio de aislamiento, y no son enviados de regreso a su celda hasta que defecan frente a los custodios, para que éstos se aseguren de que no van a introducir algún elemento ilícito en sus cuerpos. Es el único penal en El Salvador con un régimen así.

Entre los presos que fueron trasladados estaban algunos pandilleros que la policía había presentado como los criminales más peligrosos del país: Carlos Ernesto Mojica Lechuga, Viejo Lin; Carlos Alberto Rivas Barahona, Chino Tres Colas; Víctor Antonio Cerón García, Duke, y Frank William Martínez, Cholo William, quienes según las autoridades son los líderes nacionales de las dos facciones de la mara Barrio 18.

De los 12 prisioneros de la Mara Salvatrucha trasladados, destacan Borromeo Henríquez Solórzano, El Diablito, y Ricardo Adalberto Díaz, La Rata. Las autoridades de seguridad pública aseguran que ambos son los líderes nacionales de la pandilla. De acuerdo con documentos de inteligencia policial, a estos dos líderes les sigue una especie de consejo al que los mareros llaman ranfla. Un par de integrantes de la ranfla nacional que salieron de Zacatecoluca son Saúl Antonio Turcios, El Trece, y Élmer Canales Rivera, Croock.

Conocida como la “tregua mara”, el pacto entre los líderes de las pandillas refutó las críticas con sus buenos resultados. De un promedio de 14 asesinatos diarios, se pasó a 5.5 por día, es decir, en términos nacionales, la tasa de homicidios pasó de 60 por cada 100 mil habitantes a 30 por el mismo número de pobladores.

Posiciones encontradas

La atomización de las posiciones ante estos hechos ha generado infinidad de aristas. Los medios de comunicación salvadoreños, mayoritariamente conservadores, han actuado como caja de resonancia del rechazo hacia la negociación del gobierno con las pandillas, al igual que la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo (unicameral), claves para acoger algunas propuestas de los pandilleros.

Para matizar las críticas, el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, aseguró: “no tenemos como política sentarnos con pandilleros, ni con criminales, ni con terroristas a discutir los temas de violencia”, sin embargo, aceptó que el gobierno facilitó las negociaciones. “Generamos los espacios para que la Iglesia católica y la sociedad civil pudieran desempeñar ese rol y ver si podían ellos detener esa guerra entre las pandillas”.

En una carta, los Voceros Nacionales de las maras Salvatrucha y Barrio 18, asentaron: “Somos conscientes que hemos ocasionado un profundo daño social, pero por el bien del país, de nuestras familias y de nosotros mismos, pedimos que se nos permita contribuir en la pacificación de El Salvador, que no sólo es de ustedes, sino nuestro también”.

A su vez, durante una misa celebrada en la cárcel a la que fue trasladado, Dionisio Umanzor, El Sirra, jefe de una de las pandillas más violentas, no sólo de El Salvador, sino de Centroamérica, México y Estados Unidos, expresó: “Estamos conscientes que le hemos fallado a Dios y a la sociedad, y en nombre de toda mi pandilla, la Mara Salvatrucha, quiero pedirle perdón a la sociedad y que nos den una oportunidad de poder cambiar”.

Desde el penal La Esperanza, al norte de San Salvador, donde cumple ahora su condena, Borromeo Henríquez, El Diablito, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha, enfatizó: “Ha sido lamentable el daño que nosotros hemos hecho a nuestras comunidades, estamos arrepentidos. Sabemos que no es fácil que la gente nos perdone. Yo he vivido un pasado oscuro, pero, ¿no tengo derecho a un cambio de vida, a vivir (de manera) diferente?”, preguntó.

“Queremos ir acabando gradualmente con algunas cosas que no se pueden hacer a gran escala, porque los demás sectores todavía no están preparados para hacerlo”, señaló Henríquez. Los otros actores a los que se refiere son las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, el gobierno nacional y los alcaldes, entre otros, con quienes se tendrá que trabajar conjuntamente en la creación de las condiciones necesarias para la reinserción social,

Desde la cárcel donde está preso, cerca de la capital , Carlos Mojica, El Viejo Lin, líder de una de las dos facciones de la mara Barrio 18, aseveró: “Queremos erradicar toda actividad ilícita y tener un acercamiento con la comunidad. Creemos que el proceso va marchando, aunque hay barreras, hay obstáculos, hay personas y entidades opuestas a este proceso”, expone quien fue partícipe en las negociaciones preliminares e indirectas con el gobierno.

Ante estos planteamientos, el padre Colindres les solicitó públicamente a los pandilleros: “Nosotros creemos que el esfuerzo que están aportando a la nación vale oro, es precioso. Por eso, en nombre de Dios, les quiero pedir que tengan el coraje de mantener la decisión que han tomado”.

Por su parte, Mauricio Figueroa, presidente de la Fundación Quezalcoatl, opinó que lo importante era abrir la posibilidad del diálogo, encaminado hacia la prevención y la reinserción de los jóvenes delincuentes. “Si existe la capacidad de que haya interlocutores en el tema de la violencia, esto es algo muy positivo para el país; si dentro de las pandillas hay gente que quiere entablar un diálogo, es una noticia positiva: hay que hablar también de la rehabilitación, de la reinserción, y no simplemente poner un parche”, explicó.

“La opinión pública demanda que la criminalidad sea resuelta, y obviamente el gobierno va a echar mano de lo que tenga para hacerlo. Acá hay que diferenciar entre lo que es políticamente correcto y lo que es éticamente correcto. Es una medida astuta, pero no tengo la impresión que sea sostenible”, añadió Figueroa.

Otras voces, más preguntas

Sonja Wolf, investigadora inglesa que trabaja en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, de México, se pregunta: “¿Puede una negociación con pandillas dar resultados positivos y duraderos? ¿Puede dar fruto en el caso de las maras, grupos que debido al crónico desinterés estatal han dejado de ser pandillas callejeras tradicionales para volverse un fenómeno social y delincuencial mucho más complejo?”

Wolf, doctorada en políticas internacionales por la Universidad de Aberystwyth, ha dedicado años al estudio de la violencia pandilleril y el análisis de conflictos en Centroamérica y México. “Una visión alternativa propone el diálogo con grupos terroristas, ya que las vías diplomáticas y políticas pudieran solventar conflictos que no se dejan resolver sólo por medios militares”, explica.

Y agrega: “La diferencia entre los grupos terroristas y las pandillas callejeras es que los primeros tienen reivindicaciones políticas que se pueden abordar mediante el diálogo. Contrariamente, las pandillas no tienen demandas políticas o sociales colectivas. Los jóvenes que ingresaron a las maras lo hicieron por motivos tan diversos como el vacile, la amistad, la violencia doméstica, las opciones económicas y la venganza. Las pandillas se han aislado del mundo convencional y creado su propia sociedad, sin articular demandas que puedan propiciar su desmantelamiento y evitar su reaparición.

“Todavía no se sabe hasta qué punto el gobierno salvadoreño ha trabajado en los aspectos estructurales. No se trata simplemente de pedir el cese de la violencia. La violencia y los crímenes impactan en la población, pero su ausencia no implica que se haya erradicado el fenómeno pandilleril o que estos grupos no sigan creciendo o mutando. La negociación con las maras aumenta su poder y deja al descubierto el flanco débil del gobierno. Tanto el récord histórico como la dinámica de las pandillas sugieren que el diálogo impulsado por la administración Funes no va a funcionar. Tarde o temprano este pacto fracasará y la violencia volverá a subir”, concluye en tono pesimista.

En contraste, para el diplomático canadiense Adam Blackwell, de amplia experiencia en procesos de diálogo y desarme en África, el debate sobre la negociación termina donde empiezan sus resultados. Asegura que en noviembre de 2011 El Salvador parecía condenado a seguir hundiéndose en un baño de sangre y que la intención del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, era agravar el problema enfrentando con lógica represiva a las pandillas. Desliza que él influyó para que el funcionario cambiara de opinión y entendiera que el diálogo con los líderes de las maras era la única solución razonable. En su relato del proceso que vendría después, la OEA tiene un papel mucho más protagónico del que hasta el momento se le ha atribuido.

Hace una interesante comparación: “Hablamos de que en Colombia se dice que hay 9 mil integrantes de las FARC en un país de 45 millones de habitantes y dos veces más grande que España. En El Salvador hay 60 mil pandilleros en un país chiquito. El contexto me preocupó. No hace falta ser brillante para ver el problema

“No soy experto en El Salvador, yo no conocía este país hasta hace dos años, pero las maras tenían organización, estructura, fuerza, tenían comunidades, intereses, riqueza... Mucho antes de que la OEA llegara, la mara era una fuerza importante. ¿Que estamos legitimando a un grupo de criminales? ¡Ya estaban! ¡Ya existían! Estamos hablando de 60 mil personas...

“Yo les diría: ¿cuál es su sugerencia? ¿Qué solución proponen? Hay mucha crítica, pero no he escuchado otras opciones. La duda es importante y las preguntas, la transparencia, son fundamentales en una sociedad madura, pero cuando criticas debes presentar alternativas. Tienes 60 mil pandilleros, un hacinamiento de 300 por ciento en el sistema carcelario y de 400 por ciento en los separos policiales, y fuiste declarado por la ONU el país más violento del mundo. Esa era la situación hace un año

“No vamos a eliminar totalmente estos grupos, pero debemos buscar qué hay en el fondo de esto. Cuál es el motor. Si podemos en el largo plazo eliminar estas causas de fondo, la violencia va a desaparecer. Pero repito, aunque no sea tal vez políticamente correcto y yo sea un ingenuo: después de la guerra civil en El Salvador necesitamos un proceso de desmovilización, dehabilitación y reinserción. No todos (los implicados) son criminales, hay que recuperar a esa gente, con capacitación, con educación, con trabajo, con oportunidades.”

La moneda en el aire

No obstante que gracias al proceso de tregua se han abatido considerablemente los índices delictivos y de que en algunos municipios, como Ilopango, se han echado a andar esquemas de reinserción que incluyen el trabajo de mareros en obras de infraestructura, este mecanismo de pacificación no tiene el apoyo de una ciudadanía agraviada que mantiene su desconfianza.

En una encuesta divulgada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 89.4 por ciento de los consultados dijeron no confiar en la tregua; 66.4 por ciento de ellos afirmaron que el pacto de no agresión no ha reducido los índices de violencia y sólo 24.5 por ciento dijo que sí. A pesar de los datos duros sobre el tema, este es, a no dudarlo, un asunto de percepción al que han abonado las campañas negativas en los medios.

El proceso continúa entre apuestas divididas: por un lado, de que éste terminará desbarrancándose, y por el otro, que puede producir, si fructifica, paz y un espacio para la esperanza, en una nación ampliamente necesitada de ella.

AÑO 2, NÚMERO 18, OCTUBRE 2013
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AÑO 2, NÚMERO 16, AGOSTO 2013
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AÑO 2, NÚMERO 14, JUNIO 2013
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AÑO 1, NÚMERO 9, ENERO 2013
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AÑO 1, NÚMERO 1, MAYO 2012
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